ORDENAN REVISION TOTAL AL DAS POR LA LLAMADAS CHUZADAS

Fiscal General no descarta interrumpir las funciones de las salas de interceptación de comunicaciones del Departamento Administrativo de SeguridadMIEMBROS DEL CTI de la Fiscalía se tomaron ayer las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para realizar un registro de las salas de interceptación de comunicaciones, con el objeto de encontrar evidencia de las ‘chuzadas’ que le habría realizado el organismo a varios funcionarios y periodistas.“Hemos elaborado un programa metodológico donde se ordena, entre otras, registro a las instalaciones del DAS de manera inmediata, con inspecciones y registros a las salas internas y externas, a los equipos tácticos que operan a través del satélite, como también a los equipos de interceptación portátiles, no sólo de correos electrónicos, sino de celulares”, aseguró el fiscal general Mario Iguarán.Según Iguarán Arana, para esta diligencia se delegaron dos fiscales delegados ante la Corte y diez investigadores exclusivos y expertos en teleinformática y comunicaciones.“También se han ordenado entrevistas a las personas de inteligencia, contrainteligencia, inspecciones a los protocolos, a los libros, todo para establecer responsabilidades de carácter penal en una supuesta falsedad, violación de intimidad y violación de comunicaciones”, dijo el Fiscal.De igual manera, Mario Iguarán exhortó a los funcionarios del DAS a que digan quiénes son los que están ordenando las ‘chuzadas’ y quién está utilizando la información.“Tenemos información de que se estaban interceptando no sólo periodistas, no sólo personas que están en la línea de oposición del Gobierno, sino también fiscales, al jefe de la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos; eso demuestra que detrás de esto hay un cartel, un grupo delincuencial al margen de la ley muy fuerte”, enfatizó el funcionario.Por último, el Fiscal General de la Nación afirmó que no se descarta la posibilidad de interrumpir, mientras se adelantan las investigaciones, las funciones de las salas de interceptación de comunicaciones del DAS, así como ordenar las capturas de los funcionarios involucrados en las ‘chuzadas’.Al poco tiempo de que el fiscal Iguarán manifestara el inicio de la investigación, el director del DAS, Felipe Muñoz, anunciaba que aceptaba la renuncia del capitán Jorge Alberto Lagos, quien se venía desempeñando como subdirector de Inteligencia de la entidad desde hace tres años.Felipe Muñoz aseguró que en enero del 2006 se presentaron irregularidades en una consulta de antecedentes “que fue a parar en manos de quien no debía”, la cual ya está siendo investigada disciplinariamente.El director del DAS también manifestó la total disposición de la entidad para realizar el proceso de investigación y resaltó la coordinación interinstitucional que hay con la Fiscalía para que se pueda establecer de qué se trata todo este proceso.Sin embargo, la revista Semana, que hizo la denuncia de las interceptaciones, había asegurado que varios archivos y registros fueron destruidos por el DAS para no dejar evidencia de las interceptaciones.Hoy la Corte Suprema de Justicia citó una Sala Plena extraordinaria para tratar el tema de las ‘chuzadas’, de las que han sido víctimas magistrados de la Corporación como el presidente Francisco Javier Ricaurte y el auxiliar Iván Velásquez, encargado de las investigaciones de la parapolítica.En el escándalo de las llamadas interceptadas también han sido ‘chuzados’, según Semana, el senador Gustavo Petro, funcionarios del Palacio de Nariño y los periodistas Daniel Coronell y Julio Sánchez Cristo. Para el semanario, el narcotráfico, los paramilitares y la guerrilla estarían detrás de las interceptaciones.La denunciaLa revista Semana denunció la interceptación de llamadas ilegales realizada por el DAS, cuando un detective de la entidad aseguró que una cantidad de archivos y grabaciones fueron destruidos.Gran parte de estos archivos que hoy ya no existen eran, entre otros, grabaciones, documentos secretos y análisis de inteligencia que contenían información sobre una gran variedad de personajes, magistrados, periodistas, fiscales, generales, que estaban en la mira del DAS.Fueron dos las razones básicas, según la revista, que llevaron a los funcionarios del DAS a tratar de deshacerse de ese valioso material entre el 19 y el 21 de enero. El 16 de ese mes, tres días antes de dar la orden para recoger grabaciones y documentos comprometedores, el Gobierno anunció la designación de Felipe Muñoz como nuevo director del DAS. La llegada de un nuevo director implica, entre otras cosas, la posibilidad de que éste lleve personas de su confianza para puestos claves, lo cual abre la probabilidad que “la nueva administración” descubra alguna irregularidad. Muñoz se posesionó el 22 de enero, un día después de que se terminó la destrucción de documentos.La segunda razón es que los funcionarios sabían que era cuestión de poco tiempo el que sus actividades salieran a la luz pública.La corporación que se ha visto más afectada por las ‘chuzadas’ ha sido la Corte Suprema de Justicia, en la cual investigadores, otros auxiliares y magistrados también fueron objeto de ‘controles’, así como el presidente de la alta Corte, Francisco Ricaurte, el ex presidente de la Sala Penal Sigifredo Espinosa y los magistrados César Julio Valencia y María del Rosario González.“Cuando se agudizó el enfrentamiento entre la Corte y Presidencia, hace como un año y medio, la orden era saber todo lo posible de todos los magistrados, con los medios que fueran necesarios, desde fuentes humanas hasta medios técnicos”, reveló Semana.ReaccionesUno de los primeros en referirse al escándalo de las interceptaciones fue el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, quien aseguró que: “Yo creo que lo que hay que descubrir realmente es ese pequeño grupo de mafiosos que se incrustó en el DAS a delinquir y averiguar a nombre de quién está delinquiendo y para qué está delinquiendo”.Para el precandidato presidencial Alfonso Gómez Méndez, se debe llegar hasta el fondo de este escándalo y “ojalá que el próximo miércoles no estemos hablando ya de otro tema”.El ex ministro del Interior y de Justicia y precandidato Carlos Holguín Sardi también se refirió al tema y dijo que debe hacerse un purga al interior del DAS. “Yo supongo que así como ocurrió con las ‘chuzadas’ de la Policía que el Gobierno actuó tan rápido y drásticamente, pues lo mismo debe ocurrir ahora; habrá consecuencias grandes y graves tanto como para los que hacen las grabaciones, como para los que las filtran, y no se sabe cuál de las dos conductas es peor, tratándose de un organismo de seguridad del Estado”, manifestó.Por otro lado, un grupo especial de la Procuraduría se apropió del caso de las ‘chuzadas’ y al respecto el Procurador dijo: “Di instrucciones para que se asumieran las averiguaciones e investigación correspondientes.

FALLAS,LUNARES.OREJAS de Hector Abad

Fallas, lunares, orejas(Por: Héctor Abad Faciolince)

Fallas, lunares, orejas
Por: Héctor Abad Faciolince
LAS PALABRAS QUE ESCOGEMOS PARA hablar sobre cualquier asunto no son neutras ni son siempre inocentes. Al usar una expresión en vez de otra, lo que estamos revelando es una actitud mental, bien sea de censura, de complacencia, o bien, como en el caso que voy a analizar, un intento por disminuir y casi minimizar la gravedad de los hechos.
La revista Semana, en su edición virtual, señala que el presidente Uribe les dio “otro jalón de orejas a los militares”. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, habló de “lunares” que no manchan por entero a la institución militar. Y el ministro de Justicia, Fabio Valencia Cossio, declaró que hubo “fallas cometidas por algunos miembros de la Fuerza Pública”.
“Fallas, jalón de orejas, lunares”, esas son las expresiones que se usan. Tengan en cuenta que, en los tres casos, estamos hablando de crímenes atroces, es decir, de la desaparición, y posterior asesinato, de algunos jóvenes inocentes de Soacha y otras poblaciones o barrios pobres del país. Pero el lenguaje que emplean para comentar el castigo a semejantes crímenes, es el mismo que usaríamos para reprender, casi con simpatía, la indisciplina o las picardías de un grupo de niños en la escuela: jalarle las orejas por sus fallas a uno de los lunares de la clase.
Naturalmente la purga de 27 oficiales y suboficiales es mucho más que un “jalón de orejas”, es una echada del colegio. Pero aunque la medida le dé una buena señal al Ejército, es insuficiente. Ante todo, no sabemos si todos los oficiales destituidos están implicados en esta masacre de jóvenes, o si entre ellos se aprovecha la ocasión para sacar oficiales por otros motivos inconfesables; se debería decir con claridad cuáles de estos militares, y en qué medida, están involucrados en el plan macabro (estilo neo-nazi) de “limpiar” los barrios de drogadictos, homosexuales, retrasados mentales o simples inconformes, mediante la carambola a dos bandas de engañarlos, alejarlos del sitio, y luego presentarlos como subversivos muertos en combate.
Esto es atroz y no se resuelve con una simple destitución de militares. Habría que revelar la verdad completa de los llamados “falsos positivos” (otro eufemismo del lenguaje para no hablar de terrorismo estatal), pedirle perdón a todo el país, y reparar a las víctimas (y cuanto antes, no dentro de quince años cuando lo ordene la Comisión de Derechos Humanos de la OEA). Está bien que Uribe, al fin, les hable duro a los militares, la institución más mimada y mejor financiada durante sus dos gobiernos, y que destituya a unos cuantos.
Pero debería al mismo tiempo, como señalaba Rodrigo Uprimny en estas mismas páginas, comprometerse también con el apoyo al proyecto de ley que busca dar reparación a las víctimas de los agentes del Estado. Es imperdonable que el Gobierno se oponga a una medida que es obvia en un país donde muchas veces ha sido el Ejército (en alianza con los grupos paramilitares, o con los narcos) el que ha cometido actos de una sevicia inaceptable contra la población civil.
Cuando salieron a relucir los falsos positivos de Soacha, el Gobierno quiso tapar el escándalo inflando en los medios el crimen de un niño secuestrado y asesinado por su padre. Antes, cuando el Polo citó al ministro Santos para un debate sobre el premio a los militares por matar falsos subversivos, hace años, se dijo que esas denuncias no eran más que calumnias de la oposición. Ahora resulta que no lo eran; las calumnias acabaron siendo verdades, y los falsos positivos deberían tener otro nombre: crímenes atroces más que homicidios simples. Ahora todos los ciudadanos tendremos que responder, con los impuestos, para pagar millonarias y justas indemnizaciones a las víctimas. Ojalá los militares implicados participen también con su patrimonio. Y ojalá estas destituciones no se queden en mera propaganda, “jalones de orejas, fallas menores y pequeños lunares” de una institución intocable y ejemplar.

COMENTARIO ****

algo importante que encontramos en la lectura es que el presidente dio un llamado de atencio a los militares ya que habla que le dio un jalon de orejas a estos ......

estos militares se han convertido en una serie de asesinos y7a que actualmente ha salido a la luz estos asesinatos o homicidios .

por este hecho destituyeron a mas de 27 oficiales pienso que no solo basta con quitarles el cargo a estos militares. esta en claro que por culpa de ste hecho que han cometido estos militares ohora atodos nosotros lo ciudadanos nos toca responder por medio de los impuestos pagar una millonaria y justa indemnizaciones a las victimas solo esperamos pues que estas destrucciones no se queden en mera propaganda . ya que queremos que la ley sea justa con estos........